Por JAIME SOTO PALMA
Director del Periódico ENLACE REGIONAL
Un informe de la Contraloría Departamental Rebela anomalías que ponen en entredicho la contratación del nuevo Centro Comercial la Estación, en la que estarían implicados el Representante a la Cámara Carlos Julio Bonilla y el alcalde Municipal Juan José Fernández Mera.
EL CENTRO COMERCIAL LA ESTACIÓN ES UNA, TAN SOLO UNA, DE LAS ONCE OBRAS QUE CONTRATO LA SECAB. AQUÍ ESTAN APARTES DEL INFORME DE LA CONTRALORÍA SOBRE LOS HALLAZGOS FISCALES, ADMINISTRATIVOS Y PENALES
El pasado 16 de diciembre, la Contraloría Departamental hizo público el examen a la contratación que hiciera esta institución
para el marco del Convenio de Cooperación entre la alcaldía de Santander de Quilichao y la Secretaria Ejecutiva de la Organización Andrés Bello.
Este informe, en lo particular, cierra un ciclo de denuncias por corrupción en la administración local que desde el 2007 empezáramos a ventilar públicamente por este medio, ENLACE REGIONAL, y a poner en conocimiento de los organismos de control.
Los resultados del examen fueron, a todas luces, desbastadores y contundentes , no solo por el peso y la gravedad de su contenido sino, y desde ya lo anunciamos, por la posibilidad cierta de la pérdida de investidura del hoy Representante a la Cámara Carlos Julio Bonilla y la destitución del alcalde de Santander de Quilichao el ingeniero Juan José Fernández Mera.
Los dos funcionario señalados no lograron explicar a la Contraloría por qué razón se giraron 773 millones de pesos, el 100% de la obra, 8 meses antes de que la Secretaría Ejecutiva de la Organización Andrés Bello (SECAB) contratara con Surcolombiana de Construcciones la ejecución del nuevo Centro Comercial la Estación. Tampoco lograron explicar porqué giraron a la organización Andrés Bello 254 millones cuando con anterioridad a la fecha del giro estaba suspendido el contrato, ni porqué le desembolsaron en esas condiciones 122 millones de pesos de más . En relación a lo pactado en el Convenio Marco el cual dice que “La SECAB contribuirá con la asistencia técnica, administrativa y operativa y aportará recursos económicos de manera proporcional a los aportes destinados por la ALCALDÍA DE SANTANDER DE QUILICHAO” la Contraloría desestimó y cuestionó duramente el aporte en especie de 137 millones que hiciera la SECAB representados en proyectos de METODOLOGÍAS PARA LA MEDICIÓN DE FIESTAS POPULARES E IMAGINARIOS URBANOS, y el pago de 12 millones de pesos en una consultoría por parte de la alcaldía cuando de por medio existía un convenio marco de asistencia técnica en la que por ello la Organización Andrés Bello se descontaba el 4,5% del valor total del contrato. Dice la Contraloría que “no se evidencia aporte técnico, de gestión, operativa, administrativa ni aportes de recursos. Se evidencia que este convenio no aporta ningún beneficio a la Entidad Territorial, al contrario se convierte en un detrimento patrimonial y evade todo un proceso contractual.”
Como se recordará por estos mismos hechos, la Procuraduría General de la República le abrió en el mes de diciembre pliego de cargos al Representante a la Cámara Carlos Julio Bonilla y en los próximos meses a solicitud de la Contraloría la Procuraduría Provincial de Santander de Quilichao hará lo mismo con el hoy alcalde de Santander de Quilichao Juan José Fernández Mera. Finalmente, los hechos y las pruebas son tan contundentes que no habrá lugar a dudas de la responsabilidad de estos funcionarios por parte de este organismo de control.
